DOCUMENTOS DE INTERÉS

Derecho y justicia transicional

En este espacio encontrarás un buscador con algunas decisiones de la Corte IDH relevantes para la comprensión de la justicia transicional.

Por lo pronto, se encontrarán únicamente las sentencias de la CorteIDH. Próximamente, la matriz será ampliada a los principales órganos del Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional.

Caso:

Corte IDH. Caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 363.

Año:

2018

Temas:

Investigación por patrones, Verdad colectiva, Verdad individual

Tipo:

Sentencia

Sistema:

SIDH

Organo:

CorteIDH

Resumen:

Verdad individual: 150. (...)Es pertinente recordar que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad, por lo que deben ser informados de todo lo sucedido al respecto.
Verdad colectiva: 159. Por otro lado, este Tribunal ha considerado que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones (...).
Investigación por patrones: 153. Además, en cierto tipo de casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos, a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación. Para ello, las autoridades deben generar hipótesis y líneas de investigación, según los contextos relevantes, para determinar las personas que de diversas formas permitieron, diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente el hecho, los patrones de actuación conjunta y los beneficiarios del crimen, según sus correspondientes responsabilidades. 154. Lo anterior resulta aplicable al caso, en atención a los contextos relevantes, por lo cual las autoridades han debido investigar diligentemente para develar posibles patrones de acción conjunta o estructuras criminales complejas. 180. (...) Para estos efectos, las autoridades competentes deberán, en su caso, adoptar las medidas necesarias para determinar la estructura criminal involucrada en la ejecución del hecho, incluyendo posibles beneficiarios, y los patrones de actuación conjunta en los contextos relevantes; continuar articulando mecanismos de coordinación entre los diferentes órganos e instituciones estatales con facultades de investigación y otros esquemas existentes o por crearse; así como agotar las líneas lógicas de investigación para determinar si estuvieron involucradas autoridades civiles, policiales o militares.

Caso:

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2019 Caso Yarce y otras vs. Colombia Supervisión de Cumplimiento de Sentencia

Año:

2019

Temas:

Plazo razonable, Reparación administrativa, Sanciones

Tipo:

Resolución de supervisión de cumplimiento

Sistema:

SIDH

Organo:

CorteIDH

Resumen:

Sanciones: 18. En síntesis, el Tribunal concluye que se encuentra pendiente de cumplimiento la medida de reparación ordenada en el punto resolutivo vigésimo séptimo de la Sentencia, relativa a “adoptar […] las medidas necesarias para continuar la investigación a fin de individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables
Reparación administrativa: 28. (...) La gratuidad en la prestación de las medidas de rehabilitación responde a parte de la reparación que deben recibir los beneficiarios por su calidad de víctimas de violaciones de derechos humanos declaradas en Sentencias emitidas por esta Corte, independientemente del mecanismo que utilice el Estado para brindar la reparación, del sistema de salud que opere en éste o de lo que disponga su normativa interna...
Plazo razonable: 16. Respecto de lo alegado por el Estado en cuanto a que “el transcurso del tiempo y el temor de algunos testigos a declarar han impedido esclarecer los hechos y determinar a los demás autores […] y/o partícipes de los mismos”, representa un obstáculo en el avance de la investigación penal del desplazamiento forzado de la señora Rúa y sus familiares, se recuerda que el órgano que investiga una alegada violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue

Caso:

Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 328.

Año:

2016

Temas:

Amnistías, Comisiones de la verdad, Investigación por patrones, Reparación administrativa, Selección, Verdad colectiva, Verdad individual

Tipo:

Sentencia

Sistema:

SIDH

Organo:

CorteIDH

Resumen:

Verdad individual: 260. Por otra parte, este Tribunal ha determinado que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Si bien el derecho a conocer la verdad se ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia, aquel tiene una naturaleza amplia y su vulneración puede afectar distintos derechos consagrados en la Convención Americana, dependiendo del contexto y circunstancias particulares del caso.
Verdad colectiva: 212. Asimismo, este Tribunal ha señalado que en una sociedad democrática se debe conocer la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar de oficio y, por el otro, con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos.
Comisiones de la verdad: 73. La Corte recuerda que en casos anteriores ha otorgado un particular énfasis al valor probatorio de los informes de Comisiones de la Verdad o de Esclarecimiento Histórico como pruebas relevantes en la determinación de los hechos y de la responsabilidad internacional de los Estados. Al respecto, ha señalado que, según el objeto, procedimiento, estructura y fin de su mandato, tales comisiones pueden contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una sociedad. .
Investigación por patrones: 81. La Corte analizará los hechos alegados en este caso no de manera aislada, sino teniendo en cuenta la existencia de un contexto sistemático de violaciones graves y masivas de los derechos humanos en Guatemala, a fin de posibilitar una comprensión de la prueba y la determinación puntual de los hechos y sus efectos jurídicos. De igual modo, dicho contexto se tomará en cuenta, de ser procedente, al disponer medidas de reparación, en específico, sobre la obligación de investigar y las garantías de no repetición. 212. Asimismo, este Tribunal ha señalado que en una sociedad democrática se debe conocer la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. (...) Esto exige del Estado la determinación procesal de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades y reparar a las víctimas del caso. Por ello, en ocasiones anteriores la Corte ha considerado que las autoridades encargadas de las investigaciones tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, como los sucedidos en el presente caso. En aras de garantizar su efectividad, la investigación debe ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos y de la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas en los mismos, de acuerdo al contexto en que ocurrieron, particularmente en contextos de ataques masivos y sistemáticos o generalizados hacia algún sector de la población, evitando así omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Por ello, las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para alcanzar los objetivos de una investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. 285. (...) En particular, el Estado deberá velar por que se observen los siguientes criterios: b) deberá investigar de oficio y de forma efectiva los hechos del presente caso, tomando en cuenta el patrón sistemático de violaciones graves y masivas de derechos humanos existente en la época en que estos ocurrieron.
Amnistías: 247. Al respecto, de acuerdo con su vasta y reiterada jurisprudencia sobre la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar, la Corte ha establecido que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción, así como otras pretendidas excluyentes de responsabilidad que en realidad sean pretexto para impedir la investigación de violaciones graves de los derechos humanos. 285. (...) En particular, el Estado deberá velar por que se observen los siguientes criterios: a) en consideración de la gravedad de los hechos, no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción, ni esgrimir pretendidas excluyentes de responsabilidad, que en realidad sean pretexto para impedir la investigación;
Selección: 214. De igual modo, dicho deber impone la remoción de todo obstáculo de jure y de facto que impida la investigación y juzgamiento de los hechos y, en su caso, la sanción de todos los responsables de las violaciones declaradas, así como la búsqueda de la verdad. Por esta razón, en el presente caso, el cual versa sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas dentro de un contexto de violaciones masivas y sistemáticas, la obligación de investigar no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. .
Reparación administrativa: 279. La Corte valora y reconoce las acciones emprendidas por el Estado a través del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) para reparar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco del conflicto armado interno en Guatemala (...). 281. La Corte recuerda que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención Americana, le corresponde velar por que se reparen las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos declaradas en esta Sentencia, así como disponer las reparaciones a que hubiera lugar a la parte lesionada, de conformidad con estándares internacionales y su jurisprudencia constante en la materia. En consecuencia, el Tribunal dispondrá las medidas necesarias para este propósito. Sin perjuicio de ello, las medidas de reparación que ya han sido entregadas a víctimas del presente caso a nivel interno a través del PNR por las violaciones declaradas en esta Sentencia, cuando corresponda, deben ser reconocidas como parte de la reparación debida a estas y serán tomadas en cuenta.

Caso:

Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232.

Año:

2011

Temas:

Amnistías, Comisiones de la verdad, Investigación por patrones, Selección, Verdad colectiva, Verdad individual

Tipo:

Sentencia

Sistema:

SIDH

Organo:

CorteIDH

Resumen:

Verdad individual: 173. (...) ''la Corte recuerda que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1, 25, así como en determinadas circunstancias al artículo 13 de la Convención, el derecho a conocer la verdad, por lo que aquéllos y la sociedad toda deben ser informados de lo sucedido''.
Verdad colectiva: 170. ''El Tribunal estima que el derecho a conocer la verdad tiene como efecto necesario que en una sociedad democrática se conozca la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos.''
Comisiones de la verdad: 135. ''Al respecto, la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que, en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el derecho a conocer la verdad, los Estados pueden establecer comisiones de la verdad, las que contribuyen a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una sociedad. No obstante, esto no completa o sustituye la obligación del Estado de establecer la verdad a través de procesos judiciales,`` (...)
Investigación por patrones: 146. ''Adicionalmente, en casos como éste, la Corte ha considerado que las autoridades encargadas de la investigación tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, como las del presente caso. En aras de garantizar su efectividad, la investigación debe ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos, que ocurrieron en el marco de operativos de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas, y la estructura en la cual se ubicaban las personas probablemente involucradas en los mismos, evitando así omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación'' (...)
Amnistías: 185. (..) ''d)por tratarse de violaciones graves a derechos humanos284, y en consideración del carácter continuado o permanente de la desaparición forzada cuyos efectos no cesan mientras no se establezca la suerte o paradero de las víctimas y su identidad sea determinada, el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, la prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier eximente similar de responsabilidad, para excusarse de esta obligación,'' (...)
Selección: 185. ''Teniendo en cuenta lo anterior, así como su jurisprudencia, este Tribunal dispone que el Estado debe continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones abiertas, así como abrir las que sean necesarias con el fin de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las desapariciones forzadas de (...).''

Caso:

Corte IDH. Caso García y familiares Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2016.

Año:

2016

Temas:

Amnistías, Investigación por patrones, Selección, Verdad individual

Tipo:

Resolución de supervisión de cumplimiento

Sistema:

SIDH

Organo:

CorteIDH

Resumen:

Verdad individual: RESUELVE: 3. Mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto a las siguientes medidas de reparación: a) continuar y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos (...).
Investigación por patrones: 1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas (...) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...) el 29 de noviembre de 2012. En dicho fallo la Corte (...) declaró su responsabilidad internacional por la desaparición forzada de Edgar Fernando García (...) el Tribunal determinó que Guatemala violó el derecho del señor García a asociarse libremente en virtud de que su desaparición “estuvo motivada en su participación en asociaciones sindicales y estudiantiles calificadas como ‘opositoras y/o insurgentes’ en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala”. 5. En consecuencia, aun cuando la Corte valoró positivamente “la voluntad demostrada por el Estado de avanzar en la investigación de los hechos del presente caso”, en el párrafo 196 de la Sentencia recordó al Estado que debía continuar las investigaciones (...) velando porque se observaran los siguientes criterios: a) continuar y concluir la o las investigaciones pertinentes en relación con los hechos del presente caso, con el objeto de que el proceso y las investigaciones sean conducidas en consideración de la complejidad de los hechos y contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en que ocurrieron, con la debida diligencia evitando omisiones en la recolección de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación.
Amnistías: 5. En consecuencia, aun cuando la Corte valoró positivamente “la voluntad demostrada por el Estado de avanzar en la investigación de los hechos del presente caso”, en el párrafo 196 de la Sentencia recordó al Estado que debía continuar las investigaciones (...) velando porque se observaran los siguientes criterios: b) por tratarse de una violación grave a los derechos humanos el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, ni argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de la obligación de investigar y sancionar a los responsables;
Selección: 1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas (...) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...) el 29 de noviembre de 2012. En dicho fallo la Corte (...) declaró su responsabilidad internacional por la desaparición forzada de Edgar Fernando García (...) Además, declaró al Estado responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Nineth Varenca Montenegro Cottom, Alejandra García Montenegro y María Emilia García; por la ausencia de una investigación efectiva de los hechos, juzgamiento y sanción de todos los responsables del presente caso. 5. En consecuencia, aun cuando la Corte valoró positivamente “la voluntad demostrada por el Estado de avanzar en la investigación de los hechos del presente caso”, en el párrafo 196 de la Sentencia recordó al Estado que debía continuar las investigaciones eficazmente y con la debida diligencia para “determinar y en su caso sancionar a los demás responsables, tanto materiales como intelectuales, de la desaparición forzada de Edgar Fernando García” (...).